La criminalización de la protesta: represión y violaciones a derechos humanos en Venezuela

admin - 19th abril 2014

En Venezuela, protestas contra el gobierno están siendo brutalmente reprimidas; muchos manifestantes han sido encarcelados, algunos incluso han sido torturados.

El gobierno venelozano ha tratado de sofocar protestas anti-gubernamentales con fuerza exces.

El 12 de febrero de 2014, estudiantes universitarios opuestos al gobierno realizaron una manifestación en Caracas. Esa fecha fue escogida intencionalmente porque el 12 de Febrero se celebra en Venezuela el día de la juventud. Dicha efeméride conmemora una batalla de la lucha por la independencia en la que, debido a la falta de soldados regulares, estudiantes universitarios fueron coercionados a unirse a la lucha. A pesar de estar superados en número, resultaron victoriosos.

La manifestación —pautada para llegar a las oficinas de la Fiscal General de la República— buscaba, entre otras cosas, la liberación de varios estudiantes que habían sido encarcelados por protestar en la región occidental del Táchira. Los manifestantes fueron reprimidos con la mezcla habitual de bombas lacrimógenas, perdigones y cañones de agua. Este tipo de reacción es común en Venezuela. Sin embargo, lo que siguió, no lo es: miembros del Sebin, los servicios de inteligencia venezolanos, dispararon y mataron a dos personas, a Juan Montoya, un miembro de las fuerzas paramilitares del gobierno conocidas como colectivos, y a Bassil Dacosta, un estudiante.

Desde los eventos del 12 de febrero el gobierno ha, de facto, criminalizado la protesta —un derecho establecido constitucionalmente. Las medidas más alarmantes que ha tomado el gobierno son las siguientes:

Primero, las protestas han sido reprimidas con armas de fuego y, en general, con un excesivo uso de la fuerza, tanto por cuerpos de seguridad del Estado como por los colectivos paramilitares. Esto ha resultado en la muerte de  39 y en más de 600 lesionados. El gas lacrimógeno y los perdigones son considerados “suaves,” en la medida en que las golpizaslas capturas y las detenciones se han convertido en cotidianidades.

Segundo, más de 2200 manifestantes han sido encarcelados, se han reportado varios casos de abusos y de tortura. Uno de los detenidos denuncia haber sido sodomizado con el cañón de un rifle y varios indican que fueron torturados mediante la aplicación de electricidad en los testículos o que fueron golpeados con bastones envueltos en gomaespuma (para evitar el surgimiento de hematomas visibles).

Entre los detenidos también hay presos políticos, principalmente, Leopoldo López, líder del partido opositor Voluntad Popular, y los alcaldes —electos democráticamente— Enzo Scarano y Daniel Ceballos (el alcalde de San Cristóbal, la capital del estado de Táchira , donde comenzaron las protestas). Asimismo, la diputada Maria Corina Machado ha sido despojada de su curul en la Asamblea Nacional y amenazada con ser enjuiciada por “participar y promover las acciones violentas generadas por sectores fascistas.” La alta politización de los tribunales venezolanos hace que la esperanza de obtener justicia sea tenue.

Tercero, han ocurrido varias violaciones a la libertad de expresión: NTN24, un canal de noticias de cable colombiano, fue sacado del aire luego de que realizó una cobertura extensiva de la manifestación del 12 de febrero. El gobierno también amenazó con expulsar a los reporteros de CNN, para lo cual revocó sus credenciales, para otorgarlas de nuevo al poco tiempo. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa ha reportado más de 150 casos de ataques contra periodistas desde el 12 de febrero; tales ataques incluyen agresiones físicas, detenciones y robo de equipos como cámaras.

Cuarto, funcionarios de alto rango han utilizado discurso de odio. El presidente, Ministros y Gobernadores de Estados han utilizado, continuamente, un discurso agresivo y de odio cuando se refieren a los manifestantes, alegando que son fascistas“herederos de Hitler,” y que no tienen amor por la patria. El 5 de marzo el Presidente llamó a los colectivos a defender la patria, invitándolos a “apagar cualquier candelita que se prenda.” Anteriormente, el Gobernador del Estado Carabobo, Francisco Ameliach, a través de su cuenta de Twitter ordenó a los colectivos a esperar la orden para el “contra-ataque fulminante.”  Ambas declaraciones han resultado en la pérdida de vidas.

En conclusión, los altos niveles de violencia utilizados para reprimir protestas —generalmente— pacíficas, en conjunción con la masiva detención de manifestantes demuestra que el gobierno de Venezuela está intentando criminalizar el ejercicio del derecho a la protesta, cometiendo graves violaciones a derechos humanos en el proceso.

Manuel Casas es Profesor Asistente de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Andrés Bello y abogado en ejercicio; ha defendido a varios de los estudiantes detenidos durante las protestas recientes en Venezuela. 

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