Rompiendo el silencio y sosteniendo la mirada: Mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco en la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Tania Sordo Ruz 8th enero 2018

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitirá, en los próximos meses, la sentencia del “Caso Atenco” relativo a la tortura sexual hacia mujeres por agentes estatales mexicanos.

El 16 y 17 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la audiencia pública del Caso de Mariana Selvas Gómez y otras vs. México conocido como “Caso Atenco” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

En el 2006, las once denunciantes fueron torturadas física, psicológica y sexualmente por agentes estatales mexicanos como parte del operativo realizado en el Estado de México, específicamente, en Texcoco y San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo cuando el actual Presidente de México, Enrique Peña Nieto, era gobernador de ese estado mexicano. Como resultado de este operativo murieron dos personas, una menor de edad, otras fueron torturadas, detenidas de forma ilegal y arbitraria y encarceladas injustamente. Asimismo, se expulsaron a personas extranjeras de México, incluidas algunas mujeres que también manifestaron haber sido torturadas sexualmente.

Las once mujeres son sobrevivientes de violencia sexual y violación que se califica como tortura de acuerdo con los estándares internacionales y regionales al existir intencionalidad, sufrimientos físicos o mentales severos y finalidad. Esta tortura sexual es una forma de violencia por razón de género en contra de las mujeres y discriminación.

El uso de estereotipos de género contrarios al derecho internacional de los derechos humanos estuvo presente como componente de la tortura sexual y en las declaraciones de altos funcionarios mexicanos. Como parte de la tortura sexual, los agentes estatales les dijeron a las mujeres denunciantes que eso les estaba pasando por que no se habían quedando en sus casas cuidando a sus hijos y que debían estar en sus casas preparando comida. Altos funcionarios mexicanos llegaron a afirmar que las mujeres estaban mintiendo sobre la tortura sexual, como el entonces gobernador del Estado de México, Peña Nieto, quien afirmó: “es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos radicales, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres”.

En estas afirmaciones se localiza el estereotipo de género sobre el rol social de las mujeres como quienes deben encargarse del hogar, dependientes de los hombres y confinadas al ámbito privado, así como el estereotipo de género de las mujeres como mentirosas o manipuladoras en los casos de violencia sexual. El uso de estereotipos de género en este caso constituye violencia institucional en contra de las mujeres por razones de género y un obstáculo para su acceso a la justicia (Ver Amicus Curiae).

Ante la impunidad y la falta de una respuesta efectiva y con la debida diligencia requerida por parte del Estado mexicano, las once denunciantes de tortura sexual acudieron al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, acompañadas por el Centro Prodh y CEJIL. La petición de su caso fue recibida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2008 y la Comisión presentó el caso ante la CoIDH en el 2016.

Las mujeres denunciantes han manifestado que rompieron el silencio y sostienen la mirada como forma de resistencia para que ninguna otra mujer en México tenga que vivir lo que ellas han vivido. Sus testimonios son muy valientes y tienen mucho significado en un país en el cual el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha manifestado que la tortura y los malos tratos son generalizados y en donde existe un contexto sistemático de falta de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en sus distintas manifestaciones y discriminación. Esto tiene como resultado que la tortura hacia las mujeres se caracterice por el ejercicio de formas determinadas de violencia en contra de ellas por ser mujeres o por formas específicas de violencias que afecta a las mujeres de manera desproporcionada en México.

En los siguientes meses, la CoIDH emitirá una sentencia sobre el Caso Atenco que tendrá mucho significado para México y para la región. La valiente y digna lucha de las sobrevivientes de tortura sexual en México, a pesar de todos los obstáculos y el estigma, el que estén rompiendo el silencio y sosteniendo la mirada, trasciende más allá de sus casos concretos. Como manifestó la Jueza Elizabeth Odio Benito, la única mujer jueza de la CoIDH, durante la audiencia pública del caso: “Las mujeres nunca nos equivocamos cuando luchamos por nuestros derechos”. Gracias a la lucha inequívoca de las mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco, todas las mujeres continuamos avanzando hacia el respeto y garantía de nuestros derechos humanos.

 

Tania Sordo Ruz, abogada especializada en género y derechos humanos. Doctora en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad Autónoma de Madrid. Master en Estudios Interdisciplinares de Género y Máster Europeo en Estudios Latinoamericanos: Diversidad Cultural y Complejidad Social, ambos por la Universidad Autónoma de Madrid también.

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