Tercera Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: un ladrillo más a la pared (¿o un ladrillo menos?)

by | Apr 22, 2014

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About Laura.Hilly

Dr Laura Hilly is a barrister at the Victorian Bar in Australia. She practices in public, commercial and employment law with a special focus in her practice on anti-discrimination law and matters arising from the Charter of Human Rights and Responsibility Act (Victoria). Laura completed a BCL (with distinction), MPhil and DPhil at the University of Oxford where she studied with the support of a Rhodes Scholarship and a Clarendon Scholarship. Her doctoral thesis was supervised by Professor Sandra Fredman QC FBA and Professor Nicola Lacey CBE FBA and considered the impact of intersectional diversity on the decision making processes of final appellate courts in Australia, South Africa and England and Wales. She was also a Post-Doctoral Fellow at the University of Oxford, the Deputy Director of the Oxford Human Rights Hub and a former Chair of the Oxford Pro Bono Publico. Laura has taught in the areas of administrative law, human rights and litigation and dispute management at the University of Oxford, Australian National University and University of Melbourne. Laura’s undergraduate degrees are from the Australian National University, where she graduated with first class honours, the University Medal in Law and the Supreme Court Judges’ Prize. She is and Associate of the Oxford Human Rights Hubs, a member of the Board of Directors of Canberra Community Law and List G Barristers, member of the Victorian Bar Pro Bono Committee, Chair of the Open Justice Committee Sub-Committee at the Victorian Bar, Member of the Advisory Board of the Centre for Employment and Labour Relations Law at the University of Melbourne, and a Monitor for the Public Law section of the Commercial Bar Association.

Ecuador lideró el llamamiento de reformas durante la Tercera Conferencia de Estados Partes de la Convención Americana de Derechos Humanos en Montevideo, Uruguay el mes pasado.

Los días 21 y 22 de enero, tuvo lugar en Montevideo, Uruguay, la Tercera Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Una vez más, Ecuador estuvo trabajando tras bambalinas, impulsando las reformas que no había podido lograr meses antes a través del “Proceso de Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.” Días antes que la conferencia empezara, había sido anunciado por la prensa que en dicha reunión se decidiría el traslado de la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que actualmente está ubicada en Washington, DC). El canciller Patiño, del Ecuador, viajó por varios países de Latinoamérica cabildeando este tema. Y desembarcó en Montevideo con un batallón de funcionarios listos para impulsar éste y otros puntos de la agenda ecuatoriana. A continuación se analizan los resultados.

El primer punto de esa agenda, cambiar la sede de la CIDH, es un objetivo largamente buscado por el gobierno del presidente Correa. La razón de fondo es que considera que Estados Unidos tiene una influencia indebida sobre el órgano, basado en su ubicación. Y esta influencia está completamente fuera de lugar, toda vez que Estados Unidos no ha ratificado la Convención. Pero una vez más, tal como había ocurrido tanto en las conferencias previas como en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), no se alcanzó el consenso necesario para imponer ese cambio.

Durante el segundo día de sesiones en Montevideo, Ecuador quiso avanzar con un segundo tema: la reforma del sistema de relatorías de la CIDH. Si bien Ecuador tiene argumentos fuertes que apoyan su posición en este punto, hay muchos países –así como organizaciones de la sociedad civil- que sospechan que Ecuador impulsa estas reformas debido a su guerra declarada con la Relatora Especial para la Libertad de Expresión. Aquí se dio uno de los momentos más contencioso en la discusión, con Costa Rica liderando la oposición a la postura ecuatoriana. Las propuestas iban desde eliminar directamente las relatorías existentes, hasta igualar el presupuesto de todas, pasando por aumentar el presupuesto de las más pobres pero sin tocar el presupuesto de las que actualmente cuentan con más recursos. Finalmente se decidió que se crearía un Grupo de trabajo de Estados para evaluar con mayor profundidad el asunto y emitir una propuesta.

Finalmente, Ecuador trató de imponer un último punto: institucionalizar la Conferencia de Estados Parte de la CADH. Los países del ALBA, liderados por Ecuador, vienen hace tiempo impulsando fuertes reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero la mayoría de ellas, por ser radicales, no han logrado el apoyo de los miembros de la OEA. Como consecuencia, Ecuador ideó este nuevo foro, las Conferencias de Estados Parte de la CADH, como una manera de discutir los asuntos sin la presencia de voces externas, como las de Canadá o Estados Unidos (que no han ratificado la Convención). Ecuador propuso un borrador de Reglamento de funcionamiento de la Conferencia, para darle cierta “institucionalidad” a lo que todavía es solo una reunión informal de países. Pero nuevamente fueron varios los países que se opusieron.

Igualmente no todo fueron fracasos para Ecuador; la Declaración de Montevideo que fue finalmente aprobada demuestra que también hubo logros para su política. En primer lugar, porque logró hacer esta tercera edición de la conferencia, sin la presencia incómoda de Estados Unidos y Canadá. Más aún, tampoco estuvieron invitadas la propia CIDH ni la sociedad civil. Esto muestra que Ecuador se las arregló para excluir a casi todos los potenciales opositores a sus propuestas. Segundo, también se decidió que se realizara una cuarta edición de la conferencia, que tendrá lugar en Haití, antes de la próxima Asamblea General de la OEA.

En suma, si bien ni la sede de la CIDH ni las Relatorías han cambiado hasta ahora, el proceso sigue abierto. Y eso puede ser una muestra de lo que dijera el embajador de Costa Rica: que Ecuador, con su gran perseverancia, probablemente logre sus objetivos.

Ignacio de Casas es abogado, especialista en litigo internacional en Derechos Humanos. Lleva muchos casos ante el Sistema Interamericano y ante el Sistema de protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

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