Crimen organizado en las Américas

En el continente americano, el crimen organizado opera a través de diversas actividades, muchas de ellas con un componente transnacional, incluyendo el tráfico de droga, la minería ilegal y la trata de personas. Los grupos criminales no solo logran infiltrarse en el Estado o actuar con la complicidad de funcionarios públicos, sino que, en algunos contextos, ejercen control territorial. Estas dinámicas afectan la protección y el ejercicio de los derechos humanos de la población, en particular derechos económicos y sociales reconocidos por el Protocolo de San Salvador, como el derecho al trabajo (Artículo 6) y a la educación (Artículo 13), así como derechos civiles y políticos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida (Artículo 4) y la libertad de expresión (Artículo 13).

En Reyes Mantilla y otros vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sostuvo que “los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, y que, por consiguiente, deben emplear los medios necesarios para luchar contra los fenómenos de delincuencia, narcotráfico y criminalidad organizada” [párrafo 137], sujetos a las limitaciones impuestas por las obligaciones en materia de derechos humanos. Bajo distintas modalidades e intensidades, los gobiernos de la región han recurrido cada vez más a estados de emergencia, militarización y detenciones a gran escala para hacer frente a los grupos criminales, medidas que, a su vez, suelen constituir o derivar en violaciones de derechos humanos.

La resolución

La resolución de la CIDH es relevante porque afirma con claridad que las políticas de seguridad efectivas son compatibles con los derechos humanos. La Comisión busca sostener que es posible desmantelar a las organizaciones criminales a la vez que se respeta el debido proceso, las libertades individuales y la dignidad humana. Incluso va más allá al señalar que un enfoque basado en derechos humanos “constituye una condición indispensable para la legitimidad, eficacia y sostenibilidad de las políticas de seguridad” [página 1].

Para respaldar lo que plantea, la CIDH desarrolla cincuenta recomendaciones, entre ellas el fortalecimiento de las capacidades judiciales y de las fiscalías (22 y 27), la limitación del uso de los estados de emergencia (43-44), el combate a la corrupción y la impunidad (36-37) y la recuperación de activos ilícitos (30). Estas medidas reflejan un entendimiento del crimen organizado como un fenómeno estructural y policéntrico, más allá de un enfoque restringido al ámbito penal, al tiempo que reconocen la necesidad de una acción estatal urgente.

La Comisión también resalta el impacto diferenciado del crimen organizado sobre grupos vulnerables, retomando su trabajo previo sobre niñez, mujeres, personas LGBT y defensores de derechos humanos. Esto es significativo ya que llama a los gobiernos a diseñar e implementar respuestas que aborden las formas específicas en que estos grupos experimentan tanto la violencia criminal como las políticas estatales.

Limitaciones y el futuro

Es importante señalar algunas limitaciones. En primer lugar, la resolución de la CIDH no es vinculante y forma parte del soft law del sistema interamericano. El Artículo 41(b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos faculta a la Comisión a formular recomendaciones que dependen de la voluntad de los Estados de implementarlas.

En segundo lugar, parecería haber una cuestión irresuelta en torno a qué constituye una política de seguridad “efectiva”, en particular cuando reducciones de la violencia en el corto plazo tienen como contrapartida una erosión institucional en el largo plazo. En la parte considerativa, la CIDH critica enfoques basados en el control coercitivo que “ha[n] resultado en el incremento de manera desproporcionada de la población carcelaria sin lograr una reducción efectiva de los índices delictivos” [página 8], citando como fuente un artículo académico de 2008. Este tipo de políticas debe ser cuestionado cuando deriva en violaciones de derechos humanos, pero sus efectos no deberían ser sobreestimados ni generalizados, en particular a la luz de debates actuales en contextos como los de El Salvador, donde existen informes creíbles de mejoras en la situación de seguridad, acompañados de serias preocupaciones sobre su sostenibilidad y su impacto a largo plazo en el Estado de derecho y las instituciones democráticas.

Estas limitaciones no opacan la importancia del documento. La resolución fortalece el rol de la CIDH en la configuración de estándares regionales en un contexto de alta inseguridad y creciente presión por respuestas efectivas en el continente. Asimismo, pone de relieve que, sin importar la ideología política, el diseño de políticas de seguridad compatibles con los derechos humanos constituye un desafío compartido en la región.

La resolución es un paso importante, aunque no el primero ni el último, hacia la consolidación de un enfoque de derechos humanos para abordar el crimen organizado. Su impacto dependerá en última instancia de que los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad académica la tomen en serio y continúen desarrollándola.

Organised Crime in the Americas

Across the Americas, organised crime operates through a range of often transnational activities, including drug trafficking, illegal mining, and human trafficking. Criminal groups not only infiltrate public institutions or collude with state actors but, in some contexts, exercise territorial control. These dynamics severely undermine the protection and enjoyment of people’s human rights, particularly economic and social rights under the Protocol of San Salvador such as access to work (Article 6) and education (Article 13), as well as civil and political rights under the American Convention on Human Rights, including the rights to life (Article 4) and freedom of expression (Article 13).

The Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) in Reyes Mantilla y otros vs. Ecuador affirmed that “states have an obligation to guarantee security and maintain public order within their territory and, consequently, must employ the necessary means to combat crime, drug trafficking, and organised criminal activity,” [para 137] albeit within the limits imposed by human rights law. While approaches vary across countries, governments in the region have increasingly relied on states of emergency, militarisation, and large-scale arrests to curtail criminal gangs—measures which often become sources of human rights violations themselves.

The Resolution

The IACHR resolution is important because it clearly states that effective security policies are compatible with human rights. The Commission seeks to assert that it is possible to dismantle criminal gangs while respecting due process, personal freedoms, and human dignity. It goes further by saying that a human rights approach “constitutes an essential element for the legitimacy, effectiveness, and sustainability of public policies and strategies in the field of security.” [page 1]

To support its claim, the IACHR sets out 50 recommendations, including strengthening judicial and prosecutorial capacities (22 and 27), limiting the use of states of emergency (43-44), addressing corruption and impunity (36-37), and recovering illicit assets (30). These measures reflect an understanding of organised crime as a structural and polycentric phenomenon, rather than merely a law enforcement problem, while still recognising the need for urgent state action.

The Commission also highlights the differentiated impact of organised crime on vulnerable groups, building on its previous work on children, women, LGBT persons, and human rights defenders. This is significant, as it calls for tailored responses that address the specific ways in which these groups experience both criminal violence and state policies.

Shortcomings and the Future

Some limitations should nevertheless be noted. First, the IACHR resolution is not binding and forms part of the system’s body of soft law. Adopted under Article 41(b) of the American Convention on Human Rights, which empowers the Commission to make recommendations, its impact ultimately depends on states’ willingness to implement them.

Second, there seems to be an unanswered question on what constitutes “effective” security policies, particularly when short-term reductions in violence come at the expense of long-term institutional erosion. In its preambular paragraphs, the IACHR critiques coercive approaches for leading “to the disproportionate increase in the prison population without achieving an effective reduction in crime rates,” [page 8] relying on a 2008 academic article. Such policies should indeed be questioned where they undermine human rights, but their effects should not be overstated or generalised, particularly in light of ongoing debates in contexts such as El Salvador, where there are credible reports of improvements in the security situation alongside concerns about their sustainability and their long-term impact on the rule of law and democratic institutions.

These limitations do not detract from the document’s overall significance. The resolution reinforces the IACHR’s role in shaping regional standards at a time of acute insecurity and growing pressure for effective responses across the Americas. More importantly, it affirms that, regardless of political orientation, designing security policies consistent with human rights is a shared challenge across the region.

The resolution is an important, though neither the first nor the final, step towards consolidating a human rights-based approach to organised crime. Its impact will ultimately depend on whether states, nongovernmental organisations, and scholars take it seriously and further develop it.