Una “Ley Magnitsky” para Venezuela

by | Apr 22, 2014

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About Laura.Hilly

Dr Laura Hilly is a barrister at the Victorian Bar in Australia. She practices in public, commercial and employment law with a special focus in her practice on anti-discrimination law and matters arising from the Charter of Human Rights and Responsibility Act (Victoria). Laura completed a BCL (with distinction), MPhil and DPhil at the University of Oxford where she studied with the support of a Rhodes Scholarship and a Clarendon Scholarship. Her doctoral thesis was supervised by Professor Sandra Fredman QC FBA and Professor Nicola Lacey CBE FBA and considered the impact of intersectional diversity on the decision making processes of final appellate courts in Australia, South Africa and England and Wales. She was also a Post-Doctoral Fellow at the University of Oxford, the Deputy Director of the Oxford Human Rights Hub and a former Chair of the Oxford Pro Bono Publico. Laura has taught in the areas of administrative law, human rights and litigation and dispute management at the University of Oxford, Australian National University and University of Melbourne. Laura’s undergraduate degrees are from the Australian National University, where she graduated with first class honours, the University Medal in Law and the Supreme Court Judges’ Prize. She is and Associate of the Oxford Human Rights Hubs, a member of the Board of Directors of Canberra Community Law and List G Barristers, member of the Victorian Bar Pro Bono Committee, Chair of the Open Justice Committee Sub-Committee at the Victorian Bar, Member of the Advisory Board of the Centre for Employment and Labour Relations Law at the University of Melbourne, and a Monitor for the Public Law section of the Commercial Bar Association.

Los EE.UU. deberia implementar una ley al estilo Magnitsky para combatir las violaciones de derechos humanos cometidas contra manifestantes en Venezuela.

Ya transcurrió más de un mes desde que los venezolanos salieron masivamente a las calles para protestar por la agónica situación en la que el país se encuentra. De acuerdo al índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, la tasa de asesinatos en Venezuela es la quinta más alta del mundo; la inflación anual supera el 50%. Más aún, de acuerdo a Transparencia Internacional, Venezuela se ubica como el país más corrupto de la región, y la organización Freedom House lo ubicó en el puesto 168 (de un total de 196) en el índice mundial de libertad de expresión. En el 2014, el reporte de Derechos Humanos de Human Rights Watch aseguró que “el poder judicial en el país ya no actúa como un órgano independiente.” Lo que comenzó con una protesta pacífica encabezada por jóvenes estudiantes, se convirtió en una situación insostenible debido a la muerte de por lo menos veinticuatro personas, la detención arbitraria de cientos de estudiantes, la detención de uno de los líderes de la oposición, Leopoldo López, y una serie de acciones de represión y violaciones a los derechos humanos que jamás se había visto en el país. El gobierno de los Estados Unidos ha actuado de forma adecuada, pero la respuesta pudiese ser mejor si existiese la voluntad política para implementar acciones concretas basadas en la protección de los Derechos Humanos. Tanto el Presidente Obama, como el Departamento de Estado han condenado lo que está ocurriendo, y han instado al gobierno Venezolano a liberar a los estudiantes detenidos.Pero puras declaraciones no son suficiente. Lo que los venezolanos necesitan de la comunidad internacional, y especialmente de los Estados Unidos (lugar donde gran parte de los corruptos y represores venezolanos suelen disfrutar de su dinero mal habido), son sanciones concretas. Pero en vez de seguir sanciones que afectarian a todo el pais, como sanciones de petroleo, los Estados Unidos debería empezar con impulsar sanciones individuales contra ciertos individuos específicos dentro del gobierno que son responsables por el asesinato de los protestantes, la censura a la prensa y las violaciones a los derechos humanos. El precedente para este tipo de acción ya existe bajo el nombre de “Ley Magnitsky.” Sergei Magnitsky fue un abogado ruso, detenido por las autoridades de su país en el año 2008 mientras se encontraba investigando un caso de corrupción. Magnitsky murió en la cárcel, luego de 358 días durante los cuales fue víctima de incontables torturas. Pero su muerte no quedó impune. En Diciembre de 2012, el Congreso de los Estados Unidos aprobó lo que se conoce como la “Ley Magnitsky,” la cual obliga al Poder Ejecutivo a revocar las visas y congelar los activos de aquellos funcionarios involucrados en su muerte. La ley parte de la premisa de que muchas de las violaciones a los derechos humanos en el mundo ocurren por dinero, y que dicho dinero, suele terminar en cuentas bancarias, propiedades y empresas en los Estados Unidos. Durante los ultimos catorce años los altísimos precios del petróleo y la falta de institucionalidad en Venezuela han dado lugar a asfixiantes niveles de corrupción. Muchos de los oficiales venezolanos que han beneficiado de esta corrupcion tambien  viajan de manera regular a Estados Unidos y posean propiedades aquí.  Varios de los lideres venezolanos inclyen personas identificadas como “capo de droga” por el Departamento de Tesoreria de los Estados Unidospor fraude, lavado de dinero, y corupción. Una investigación en profundidad de los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos de las últimas semanas podría mostrar que aquellas personas directamente responsables por lo ocurrido, probablemente posen visas, cuentas bancarias y propiedades estadounidenses.  Através de la revocación de visas y el congelamiento de activos, Estados Unidos se encontraría en una posición privilegiada para luchar contra estas violaciones a los derechos humanos. El Congreso de los Estados Unidos ya se encuentra promoviendo un esfuerzo de este tipo. En los próximos días, el Senado americano votará una ley introducida por los Senadores Rubio y Menéndez, la cual, entre otras cosas, exige al Presidente imponen sanciones, incluyendo la revocación de visas y congelamiento de activos, contra aquellos individuos envueltos en la planificación, facilitación y perpetración de estas violaciones a los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, y no deben estar limitados a los asuntos internos de un país. Si Estados Unidos puede hacer algo para prevenir estas violaciones, debe hacerlo. Una Ley Magnitsky Global podría ser el camino adecuado. Ezequiel Vázquez-Ger es analista y consultor político basado en Washington DC, especializado en promover por los Derechos Humanos e iniciativas anti-corrupción. Twitter: @Ezequielvazquez

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