Cuando Jimmy Kimmel se burló del asesino de Charlie Kirk, difícilmente pudo imaginar que su comentario satírico acabaría provocando la ira del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y que las amenazas de este llevarían a las cadenas que emitían su programa a cancelarlo indefinidamente. Sin embargo, calificar lo ocurrido como una simple disputa entre un comediante y una autoridad reguladora sería un error. El episodio revela cómo empresas, productoras y plataformas de comunicación pueden convertirse en vehículos de coerción estatal. Este artículo explora cómo la libertad de expresión puede verse constreñida no solo mediante actuación estatal directa, sino también a través de la sutil interacción entre la intimidación estatal y la ejecución privada. Mediante el análisis del asunto Kimmel, enmarcándolo en el contexto global del retroceso democrático, sostengo en este blog, publicado en dos partes, que los juristas especializados en Derecho constitucional no pueden permitirse considerar la censura ejercida por actores privados como un fenómeno ajeno a su ámbito de estudio. Esta es la primera parte.

Cuando los comentarios de Jimmy Kimmel vinculando al autor del homicidio de Charlie Kirk con el movimiento MAGA desataron la ira del presidente de la FCC, Brendan Carr, la reacción fue inmediata. Carr calificó las declaraciones de ‘ofensivas e insensibles’ en el pódcast de Benny Johnson y advirtió a las cadenas de que podían ‘resolver la situación por las buenas o por las malas’. Afirmó además que las compañías podían ‘cambiar su conducta y tomar medidas contra Kimmel (…) o habrá más trabajo por delante para la FCC’.

Bajo esta presión, NexStar Media Group, que está a la espera de que la FCC apruebe la licencia que necesita para adquirir a su principal competidora, Tegna, retiró el programa de Kimmel de sus emisoras. Esto llevó a ABC (propiedad de Disney, que intenta adquirir NFL Network y otros activos clave de la NFL) a suspender el programa temporalmente. Sinclair Broadcast Group siguió el mismo camino, citando expresamente las declaraciones de Carr como motivo de su decisión.

La política de la FCC sobre distorsión informativa solo se aplica, por lo general, a casos muy extremos, lo que establece un umbral muy alto. Partiendo este estándar, resultaría prácticamente imposible que Carr pudiera sancionar a las cadenas que emitían a Kimmel. Sin embargo, la mera amenaza de una investigación o el retraso en la tramitación de una fusión empresarial basta para presionar a las emisoras y empujarlas a la obediencia, incentivando la restricción de los derechos amparados por la Primera Enmienda americana de sus presentadores, incluso sin que medie una acción estatal directa.

Aunque es cierto que los programas nocturnos de entretenimiento parecen estar perdiendo popularidad, el contexto en el que se produjo la suspensión de Kimmel revela una relación de causalidad entre las amenazas de Carr y la decisión empresarial, demostrando cómo la amenaza de aplicar la ley de forma selectiva puede traducirse en un potente instrumento de autocensura.

¿Prevé el derecho estadounidense algún remedio legal para estas situaciones? En principio, ABC, como empresa privada, podría suspender o despedir a Kimmel por múltiples razones. La cuestión cobra relevancia constitucional cuando un funcionario público utiliza su cargo para coaccionar a un actor privado con el fin de castigar o suprimir la libertad de expresión. Este fenómeno se conoce como ‘jawboning’ y se define como el uso de declaraciones oficiales para presionar de manera inapropiada a actores privados, o como una forma de presión informal del gobierno que induce indirectamente a la autocensura. En pocas palabras: el Estado no puede conseguir por vía indirecta, mediante presión gubernamental informal, lo que tiene prohibido hacer directamente, principio consagrado en la sentencia Bantam Books v. Sullivan (1963).

Este principio fue reafirmado en la reciente sentencia del Tribunal Supremo Americano National Rifle Association of America v. Maria T. Vullo (2024), que precisó que un funcionario público no puede coaccionar a un particular para que sancione la libertad de expresión de terceros en su nombre. El Tribunal estableció un análisis multifactorial para valorar la existencia de coacción gubernamental informal, teniendo en cuenta la autoridad reguladora del funcionario, el contenido, tono empleado por el funcionario público o la institución y propósito de sus comunicaciones, así como si estas podían interpretarse razonablemente como una amenaza o incitación.

En el caso de Kimmel, las declaraciones abiertamente amenazantes de Carr tienen un peso significativo, pues la FCC supervisa la concesión de licencias de emisión y la aprobación de fusiones. Aunque sus palabras podrían considerarse coercitivas, persisten importantes obstáculos: Kimmel probablemente carece de ‘standing’ (legitimación activa), las cadenas implicadas (NexStar, Sinclair, ABC) no han iniciado litigio alguno y cualquier eventual reparación exigiría imponer obligaciones de libertad de expresión a empresas privadas, algo que los tribunales estadounidenses son reacios a hacer. No obstante, incluso si se superasen los problemas de legitimación y mecanismos de tutela y reparación jurídica, el panorama podría agravarse en el futuro: la administración ha sido tan explícita en su intención de restringir la libertad de expresión que, en adelante, es posible que ya ni siquiera sean necesarias declaraciones concretas para que las cadenas se autocensuren.

Esto se ve claramente ilustrado en el caso Murthy v. Missouri (2024), que pone de relieve la dificultad de probar la existencia de coacción estatal (state action) en ausencia de amenazas explícitas e inequívocas. En este sentido, el caso Kimmel es una clara muestra de los peligros de la aplicación selectiva de la ley y de la presión informal gubernamental, evidenciando cómo las protecciones de la Primera Enmienda americana y el papel más amplio que esta desempeña como mecanismo diagonal de control democrático, pueden verse socavadas incluso sin intervención estatal directa.

Nunca sabremos qué habría ocurrido si el asunto hubiera llegado a los tribunales. A fin de cuentas, Disney rectificó su decisión de suspender a Kimmel tras la fuerte reacción de la ciudadanía y de numerosas voces del sector mediático. Sin embargo, Sinclair Broadcast Group, el mayor propietario de emisoras afiliadas a ABC en Estados Unidos, ha declarado que no emitirá el programa en sus 38 estaciones, y NexStar no ha manifestado intención alguna de reanudar la emisión de Jimmy Kimmel Live! en sus canales afiliados a ABC.

Incluso tras esta victoria (parcial) para los mecanismos diagonales de control democrático, no conviene caer en la complacencia. No es la primera, ni será la última, vez que la aplicación selectiva de la ley y la coacción gubernamental informal empujan a los medios estadounidenses a autocensurarse. Baste recordar el caso, sorprendentemente similar, que implicó a CBS y Stephen Colbert. Además, no deberíamos olvidar la advertencia del propio Carr tras el ‘asunto Kimmel’: ‘esto no acaba aquí’.

El retroceso democrático, con sus múltiples facetas, ha logrado constreñir y cooptar los entornos mediáticos y los espacios cívicos en todo el mundo, desde Venezuela hasta Hungría. Sería un error pensar que las restricciones a la libertad de expresión y de prensa ejercidas por actores privados quedan fuera del ámbito del Derecho constitucional. El asunto Kimmel nos recuerda que, cuando los gobiernos recurren a amenazas veladas en lugar de acciones legales directas, pueden transformar a las instituciones privadas en instrumentos del poder ejecutivo, y eso convierte sus actos, sin duda, en una cuestión de la más absoluta relevancia constitucional.

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