¿Qué mejor ocasión que el Día Internacional de las Mujeres para pedirle a los jueces y juezas que se hagan responsables por las decisiones que toman, porque ellas, para bien o para mal, afectan la vida de las mujeres? Los Premios Género y Justicia al Descubierto son un canal para que las personas realicen este ejercicio de control social.

Lo que comenzó como una denuncia de un grupo de mujeres en contra de la discriminación laboral se convirtió en un movimiento global para terminar con la discriminación y violencia en contra de las mujeres y las niñas en el mundo. Así, cada 8 de marzo celebramos el Día Internacional de las Mujeres y pedimos a los/as líderes políticos que se comprometan y muestren su voluntad para lograr la igualdad de género, pero pocas veces le pedimos lo mismo a los jueces y las juezas. Qué mejor ocasión que el Día Internacional de las Mujeres para pedirle a los jueces y juezas que se hagan responsables por las decisiones que toman, porque ellas, para bien o para mal, afectan la vida de las mujeres. Los Premios Género y Justicia al Descubierto son un canal para que las personas realicen este ejercicio de control social.

Hace unas semanas, escribí sobre algunas de las nominaciones a la categoría Garrote de los Premios, las decisiones judiciales en donde jueces y juezas de todo el mundo utilizan estereotipos y prejuicios de género en sus decisiones, fallando así en proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Hoy voy a escribir sobre las nominaciones a la categoría Mallete, presentando potentes ejemplos de cómo el poder judicial puede ser un medio para promover los derechos humanos y la igualdad de género.

Una de las decisiones nominadas a los Premios muestra que muchas victorias vienen de la mano de pérdidas irreparables. En España, los tribunales fallaron en proteger a Ángela González, una mujer víctima de violencia de género, y a su hija Andrea de siete años, entre otras al permitir que la niña tuviera visitas no supervisadas de su padre maltratador. En una de ellas, el maltratador asesinó a Andrea y luego se suicidó. Después de 12 años sin encontrar justicia en España, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer determinó que España vulneró los derechos de Ángela y su hija fallecida Andrea. En su Dictamen, el Comité hace énfasis en el uso de estereotipos de género por parte de las autoridades españolas que impidieron que este caso se tomara con la seriedad que requería. Entre sus recomendaciones, el Comité establece que el Estado debe realizar una formación obligatoria a jueces, juezas y al personal administrativo que interviene en estos casos. Actualmente le corresponde a España implementar las recomendaciones del Comité, para lo cual será necesaria la voluntad política del gobierno para hacer prioritaria la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, incluida la violencia, y demostrar que realmente tiene un compromiso en la lucha contra la violencia de género.

Después de 15 años, el Consejo de Estado de Colombia determinó que el Ejército como institución es responsable en el caso de la violación a una mujer cometida en 1999 por dos soldados activos. En otras instancias se había negado la responsabilidad del Ejército bajo el argumento de que la conducta de los dos militares no tenía relación con el servicio. En cambio, el Consejo de Estado hizo visible el uso sistemático de violencia en contra de las mujeres como una estrategia dentro del conflicto armado y el uso de estereotipos de género, entre otras cuestiones relevantes, para determinar la responsabilidad del Ejército como institución. Así, el Consejo ordenó reparar a la sobreviviente y capacitar a los militares en violencia de género.

En Argentina, una mujer ha emprendido una lucha para poder conducir colectivos. A pesar de estar calificada para ello, se le ha negado el acceso a este trabajo por ser mujer. Este caso ha seguido un largo proceso, ya que primero un tribunal le dio la razón (esta decisión fue nominada a los Premios en 2010), pero después las empresas de transportes que no querían contratar mujeres apelaron la decisión. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que sí había discriminación.

En Botsuana, en donde el código penal criminaliza las relaciones consensuadas entre parejas del mismo sexo, el Tribunal Superior decidió que la organización LGBT, LEGABIBO, podía constituirse, pues la legislación penal criminaliza la conducta, no la atracción entre las personas. Incluso, la Corte determina que los objetivos de la organización son inofensivos y manifiesta que por el contrario, promueven buenos valores como la autonomía, la no discriminación, la salud y la educación.

Casos como los expuestos muestran que los jueces y las juezas toman decisiones positivas para la igualdad de género. Hoy, les invitamos a celebrar el Día Internacional de las Mujeres nominando y comentando los casos que merecen destacarse o aquellos que generan indignación. Así mismo, invitamos a difundir los Premios Género y Justicia al Descubierto, para que entre todos y todas vayamos penetrando el inexplorado escenario que ofrecen las Cortes para exigir decisiones justas y no discriminatorias para las niñas y las mujeres.

Blakeley Decktor es abogada en Women’s Link Worldwide, organización internacional de derechos humanos que usa las posibilidades que ofrece el derecho para promover un cambio social que avance los derechos de las mujeres y las niñas, especialmente aquellas que enfrentan múltiples inequidades. Antes de unirse a Women’s Link, trabajó como asesora legal en la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas (IGLHRC, por sus siglas en inglés) en la ciudad de Nueva York.  Es licenciada en Estudios de Género y Mujeres y Estudios Internacionales por la Universidad de Nueva Jersey. Recibió en mayo de 2012 su título de Juris Doctor por la Facultad de Derecho de Universidad de Nueva York (CUNY), Estados Unidos, donde también trabajó en la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Mujer.