Cuando Jimmy Kimmel se burló del asesino de Charlie Kirk, difícilmente pudo imaginar que su comentario satírico acabaría provocando la ira del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) y que las amenazas de este llevarían a las cadenas que emitían su programa a cancelarlo indefinidamente. Sin embargo, calificar lo ocurrido como una simple disputa entre un comediante y una autoridad reguladora sería un error. El episodio revela cómo empresas, productoras y plataformas de comunicación pueden convertirse en vehículos de coerción estatal. Este artículo explora cómo la libertad de expresión puede verse constreñida no solo mediante actuación estatal directa, sino también a través de la sutil interacción entre la intimidación estatal y la ejecución privada. Mediante el análisis del asunto Kimmel, enmarcándolo en el contexto global del retroceso democrático, sostengo en este blog, publicado en dos partes, que los juristas especializados en Derecho constitucional no pueden permitirse considerar la censura ejercida por actores privados como un fenómeno ajeno a su ámbito de estudio. Esta es la primera parte.

El ‘Deterioro’ o ‘retroceso’ democrático, definido por Nancy Bermeo como ‘la merma o destrucción de las instituciones que constituyen los pilares fundamentales de la democracia’, se ha convertido en un fenómeno global. Se trata de una estrategia especialmente insidiosa porque suele desplegarse bajo una fachada democrática mediante ataques sistemáticos a las instituciones, procesos y mecanismos democráticos, cuyo efecto acumulativo produce una erosión persistente y difícil de revertir. Estados Unidos es una de las jurisdicciones que ha sucumbido a este fenómeno.

Los agentes del retroceso democrático emplean una pluralidad de tácticas jurídicas e institucionales destinadas a liberar al poder ejecutivo de los contrapesos que lo limitan y a consolidar la permanencia de los gobernantes en el poder. A este fenómeno se le ha denominado expansión del poder ejecutivo (executive aggrandisement), y se manifiesta fundamentalmente a través de la erosión de los mecanismos de control democrático, también denominados mecanismos de rendición de cuentas.

Cuando hablamos de mecanismos de control democrático del ejecutivo (accountability mechanisms), nos referimos al conjunto de instituciones, procesos y herramientas que permiten el control efectivo del poder ejecutivo, impidiendo así su uso abusivo. Estos mecanismos pueden clasificarse en tres grupos: verticales, horizontales y diagonales.

Por un lado, se encuentran los mecanismos de control verticales, que incluyen las elecciones multipartidistas mediante las cuales la ciudadanía elige a sus gobernantes. Los mecanismos de control horizontales engloban todos aquellos mecanismos y contrapesos legislativos, como las preguntas parlamentarias o la moción de censura, así como una pluralidad de instituciones estatales independientes, tales como los tribunales de justicia y las comisiones electorales. Finalmente, los mecanismos diagonales son ejercidos por la prensa y la sociedad civil.

La prensa desempeña una labor esencial como guardiana de la democracia: al informar a la ciudadanía de los abusos de poder, amplificar las voces disidentes y ofrecer plataformas ideológicas plurales en torno a las cuales la ciudadanía puede organizarse y movilizarse, impidiendo que quienes detentan el poder puedan abusar de él con impunidad.

Las estrategias que los agentes del retroceso democrático emplean para erosionar los mecanismos de control se retroalimentan y resultan más eficaces cuando varias de ellas actúan en sintonía. Un buen ejemplo de ello es la estrecha relación entre la captura institucional (institutional capture) y la aplicación selectiva de la ley (selective enforcement).

Por captura institucional entendemos el proceso mediante el cual los agentes del retroceso democrático, desde el poder ejecutivo, consiguen someter bajo su control a una institución independiente mediante el nombramiento de individuos adeptos al régimen en sus puestos directivos. Estos individuos, seleccionados por su disposición a seguir ciegamente las decisiones del ejecutivo y su falta de compromiso con la democracia, tienen incentivos suficientes para utilizar sus potestades normativas, regulatorias y ejecutivas en beneficio del gobierno y en perjuicio de instituciones independientes, la oposición política y la sociedad civil.

Cuando la institución capturada interpreta la normativa vigente de modo que traiciona su espíritu y la emplea como arma contra voces disidentes o incómodas al régimen, hablamos de aplicación selectiva de la ley. Que la ley pueda ser empleada de forma selectiva en contra de sujetos privados genera incentivos para que estos actores privados se auto-censuren o censuren a aquellos bajo su cargo. En definitiva, la captura institucional y la aplicación selectiva de la ley son déficits de independencia y profesionalidad (malfunctions) de los mecanismos de control horizontal manufacturados por el ejecutivo, que tienen consecuencias desastrosas para los individuos o entidades que se encuentran bajo su ámbito competencial.

No resulta difícil apreciar cómo un déficit en la institución encargada de regular el entorno mediático puede tener consecuencias devastadoras para la libertad de prensa. La cancelación del programa estadounidense Jimmy Kimmel Live! tras las amenazas formuladas por el Director de la Comisión Federal de Comunicaciones constituye un caso paradigmático de este fenómeno.

Para profundizar en el análisis jurídico del ‘asunto Kimmel’, es preciso explicar cómo se estructura el entorno mediático estadounidense y repasar la legislación vigente. La FCC es una agencia federal independiente con poderes reguladores y ejecutivos, así como con competencias limitadas para investigar el contenido de la programación televisiva.

Entre otros poderes, la FCC ostenta potestad reguladora y de concesión de licencias de emisión (broadcast licenses). Tiene la capacidad de denegar o posponer indefinidamente la concesión de nuevas licencias, que son necesarias para llevar a cabo adquisiciones y fusiones empresariales de medios de comunicación. El artículo 326 de la Ley de Comunicaciones de 1934 (Communications Act of 1934) prohíbe expresamente que esta agencia estatal utilice sus poderes como instrumento de censura o de manera que vulnere el derecho a la libertad de expresión de los medios de comunicación.

El entorno empresarial que rodea a los medios de comunicación en Estados Unidos es particularmente volátil, de ahí que los medios de comunicación o empresas matrices tengan fuertes incentivos para crecer mediante adquisiciones y fusiones. La denegación o el retraso indefinido de una licencia puede tener consecuencias devastadoras para una empresa propietaria e, incluso, marcar la diferencia entre la supervivencia y el colapso empresarial. Por ello, las compañías procuran mantener una buena relación con la FCC, algo que no resulta especialmente difícil cuando sus directivos actúan de forma independiente y conforme a los procedimientos establecidos. Sin embargo, la situación cambia radicalmente cuando un presidente comprometido con una agenda antidemocrática nombra como directivos a sus seguidores más radicales.

La junta directiva de la Comisión está compuesta por cinco comisarios elegidos por el Presidente del ejecutivo y confirmados por el Senado. El 28 de junio de 2025, Brendan Carr, conocido fiel seguidor del Presidente Donald Trump y autor del capítulo relativo a la Comisión Federal de Comunicaciones en el ‘Proyecto 2025’ (Project 2025) fue nombrado Director de la Comisión. A fecha de publicación de este escrito, la directiva de la Comisión cuenta con tres miembros, de los cuales dos de ellos son Republicanos, incluyendo a Carr. Estos tres comisarios conforman el quórum actual, de manera que el partido republicano tiene una mayoría de 2–1 en esta institución.

Desde el inicio de su mandato, la manera partisana en que Carr ha ejercitado su poder desde la Comisión ha sido objeto de crítica por parte de ex-comisarios de todos los colores políticos. La orientación partidista de la FCC quedó definitivamente consolidada cuando Carr puso a Jimmy Kimmel en su punto de mira y amenazó con tomar represalias contra las compañías que emitían su programa. Su eficacia como herramienta del poder ejecutivo se hizo manifiesta cuando las emisoras anunciaron la cancelación del programa.

Para comprender por qué este asunto es de la más absoluta relevancia constitucional, analizaremos en la segunda parte de este blog cómo la táctica consistente en aplicar la ley de forma selectiva puede funcionar como un efectivo instrumento de censura estatal.

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