El 9 de abril, un ciudadano mexicano, Ramiro Hernández-Llanas, fue ejecutado mediante la pena de muerte en Texas. Fue procesado y declarado culpable por distintos delitos, incluyendo el asesinato de su patrón. Hernández-Llanas fue calificado como hombre peligroso, inclusive en prisión, donde atacó a otro interno y fabricó armas caseras que escondía en su celda. Un oficial americano declaró, “por esto es que tenemos la pena de muerte… Nadie, incluso los guardias de la prisión, estaban a salvo de él.”

Hernández-Llanas estaba entre los mexicanos siendo juzgados o que esperaban su ejecución cuando la Corte Internacional de Justicia (ICJ por sus siglas en inglés) de La Haya resolvió, en el caso Avena, que Estados Unidos había incumplido sus obligaciones bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, al no permitir la asistencia legal de México a sus ciudadanos que enfrentaban procesos penales en Estados Unidos. La Corte Suprema de ese país, en el caso Medellin v. Texas, aunque reconoció que Estados Unidos debía cumplir como país con una sentencia internacional vinculante, declaró que el tratado no era auto-ejecutable, y al mismo, que el Congreso no había dictado las disposiciones que sirvieran para implementar a nivel local esa disposición internacional. De esta forma, como esa facultad está reservada a una ley del Congreso, el Presidente carecía de facultades constitucionales para ordenar el cumplimiento de la sentencia de la ICJ.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares por las que solicitaba a Estados Unidos “preservar la vida e integridad física de Ramiro Hernández-Llanas hasta que la CIDH haya pronunciado sobre el fondo de su petición.” Tanto la CIDH como México condenaron la ejecución, deplorando el “hecho [de] que Estados Unidos no haya preservado la vida del señor Hernández,” y declararon que los Estados Unidos contravino “sus obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la Declaración Americana.”

Nadie se sorprendió por la ejecución. El Congreso de los Estados Unidos no ha dictado la legislación requerida para aplicar el caso Avena, y parece que no lo hará en el futuro. Tras la sentencia de la ICJ en el caso Avena, el gobierno de Estados Unidos se retractó del Protocolo Facultativo que permitía a la ICJ decidir cuando un ciudadano de país signatorio ha sido ilegalmente negado el derecho de recibir asistencia Consular de su país de origen (un Protocolo que Estados Unidos utilizó con éxito en 1979 contra Irán).

El New York Times publicó un debate sobre la pena de muerte unos días antes de la ejecución de Hernández-Llanas. Los participantes argumentan que la pena de muerte se ha convertido en un castigo menos común tras los años y concentrado en pocos estados. Siguiendo esta tendencia, parece que la pena de muerte podría desaparecer en Estados Unidos, por incapacidad disuasiva de delitos o quizá por perder apoyo. Pero muy probablemente no será por que Estados Unidos quiera cumplir con sus obligaciones ante el derecho internacional de los derechos humanos.

Dicen las notas de prensa, que ya amarrado a la camilla, Hernández-Llanas dijo en español: “Le pido perdón a la familia de mi patrón.” A los pocos minutos, se certificó su muerte.

Pedro Pallares-Yabur (@pedropallares) es candidato a Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Es profesor de “Filosofía del Derecho” y de “Derecho Internacional de los Derechos Humanos” en la Universidad Panamericana (Guadalajara).