Las políticas de detención son habitualmente diseñadas, aplicadas y evaluadas por personas que nunca han experimentado la detención. Se consulta a las personas detenidas cuando las instituciones necesitan información: los inspectores las entrevistan, los investigadores recogen sus testimonios y las administraciones penitenciarias reciben sus quejas. Sin embargo, con mucha menor frecuencia se las invita a contribuir a definir los problemas, diseñar las soluciones o evaluar si las reformas han funcionado. Retomando una idea del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, cuyo lema «nada sobre nosotros sin nosotros» expresa el principio de una participación significativa en las decisiones que les afectan, las políticas de detención deberían pasar de hablar sobre las personas detenidas a trabajar con ellas. Esto no significa transferir a los reclusos la responsabilidad del Estado de gestionar los lugares de detención, ni atribuirles poderes disciplinarios o coercitivos. Significa reconocer que la experiencia vivida es una forma de conocimiento.

De la consulta a la participación

Las normas internacionales ya contienen elementos de este enfoque participativo. La Regla 50 de las Reglas Penitenciarias Europeas establece que los reclusos deben poder debatir cuestiones relativas a las condiciones generales de reclusión y ser alentados a comunicarse con las autoridades penitenciarias. Las Reglas Nelson Mandela trazan un límite igualmente importante: los reclusos no deben ser empleados en funciones disciplinarias, aunque no se prohíben los sistemas de autogobierno de los reclusos que funcionen adecuadamente. Esta distinción es importante: la participación debe dar a las personas detenidas voz en las cuestiones que afectan a sus vidas, sin situarlas en posiciones de autoridad sobre otros detenidos ni transferirles funciones que siguen siendo responsabilidad del Estado. En conjunto, estos principios apuntan hacia una participación sin delegación de la autoridad coercitiva del Estado.

La consulta pregunta a las personas qué piensan. La participación les ofrece una oportunidad definida de influir en lo que ocurre después. La diferencia no es semántica. Una consulta puede terminar una vez recopilada la información; una participación significativa exige retroalimentación, un registro de cómo se tuvieron en cuenta las opiniones y una explicación cuando no fueron seguidas. No otorga a los participantes un derecho de veto, pero sí genera una responsabilidad institucional de escuchar.

La participación a lo largo del ciclo de detención

La aplicación más inmediata se refiere a las condiciones cotidianas de detención. Las personas que viven en una institución saben cómo funcionan en la práctica las reglas formales: cuándo hay agua realmente disponible, quién puede acceder a la atención sanitaria, cómo se distribuyen los alimentos, dónde se producen las intimidaciones y qué canales de queja inspiran confianza. Los consejos representativos de reclusos, las encuestas confidenciales y los grupos de trabajo sobre cuestiones específicas pueden revelar problemas que los datos administrativos o las visitas breves pueden pasar por alto. También pueden ayudar a poner a prueba soluciones prácticas antes de comprometer recursos escasos.

La participación es igualmente importante para la rehabilitación y la reinserción social. Los programas de reinserción suelen diseñarse en función de los servicios disponibles dentro de la prisión o del sistema de justicia penal, en lugar de partir de los obstáculos prácticos que las personas probablemente encontrarán después de su puesta en libertad. Las personas actualmente detenidas y los antiguos reclusos pueden identificar carencias en el acceso a documentos de identidad, vivienda, empleo, atención sanitaria, apoyo familiar y continuidad de los tratamientos. Su contribución puede ayudar a transformar la reinserción, pasando de un paquete estándar ofrecido antes de la liberación a un itinerario que refleje las realidades encontradas posteriormente. Las orientaciones de las Naciones Unidas sobre la prevención de la reincidencia y el apoyo a la reinserción social ya subrayan la importancia del apoyo comunitario; las personas que han atravesado el proceso de puesta en libertad deberían ser reconocidas como parte de la experiencia necesaria para diseñarlo.

La misma lógica se aplica a las alternativas a la detención. Una medida puede parecer proporcionada sobre el papel y, sin embargo, resultar imposible de cumplir en la práctica. Las obligaciones de comparecencia, las restricciones de viaje, los toques de queda o la vigilancia electrónica pueden entrar en conflicto con el trabajo precario, las responsabilidades de cuidado, la discapacidad o la distancia respecto de los servicios públicos. Las Reglas de Tokio exigen que las medidas no privativas de libertad respeten los derechos de la persona afectada y fomentan la participación de la comunidad. Involucrar a personas que han experimentado esas medidas puede ayudar a determinar si una alternativa reduce realmente la privación o simplemente la traslada fuera de los muros de la prisión.

La participación en el monitoreo preventivo

La justificación de la participación es especialmente sólida en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT). El OPCAT otorga a los órganos preventivos acceso sin restricciones a la información y la posibilidad de mantener entrevistas privadas con las personas privadas de libertad. Estas entrevistas son indispensables. Pero normalmente sitúan a las personas detenidas como fuentes de las que los órganos de monitoreo obtienen información, en lugar de considerarlas también como interlocutores capaces de mejorar las preguntas formuladas, los riesgos priorizados y el seguimiento de las recomendaciones.

Los Mecanismos Nacionales de Prevención podrían involucrar a personas con experiencia vivida en varias etapas sin comprometer su independencia. Los antiguos detenidos y las organizaciones representativas podrían asesorar sobre las prioridades temáticas, revisar la accesibilidad de los métodos de entrevista y los procedimientos de queja, e identificar cuestiones que los observadores externos podrían pasar por alto. Después de las visitas, formas seguras y confidenciales de participación podrían ayudar a evaluar si las recomendaciones han cambiado la realidad cotidiana. En determinados contextos, las personas con experiencia vivida también podrían contribuir como expertos externos capacitados. La práctica del monitoreo en el ámbito de la salud mental ya muestra el valor de incluir a monitores con experiencia vivida, que pueden reconocer obstáculos ocultos y facilitar que las personas detenidas hablen de preocupaciones sensibles.

Esto no convertiría a las personas detenidas en inspectores de las instituciones que las mantienen privadas de libertad. Tampoco debería la participación sustituir las entrevistas privadas, el juicio profesional independiente o el monitoreo confidencial. Su finalidad es complementarlos, garantizando que las metodologías preventivas se nutran no solo de conocimientos jurídicos y profesionales, sino también del conocimiento generado por la propia experiencia de la detención.

Hacer que la participación sea segura y significativa

La participación en instituciones cerradas conlleva riesgos evidentes. La administración puede seleccionar a determinados reclusos por considerarlos cooperativos, mientras que las mujeres, las personas extranjeras, las personas con discapacidad, las personas LGBTQI+ y quienes se encuentran en regímenes de alta seguridad o segregación permanecen sin ser escuchados. Los participantes pueden sufrir presiones del personal o de otros reclusos, y la fatiga derivada de las consultas puede profundizar la desconfianza cuando nada cambia. Un papel visible también puede exponer a las personas a represalias.

Por estas razones, la participación debe ser voluntaria, informada, accesible y representativa. Debe utilizar múltiples canales en lugar de depender de un único representante de los reclusos. Además, son esenciales las opciones confidenciales y las salvaguardias contra las represalias. Los participantes deben conocer la finalidad y los límites del proceso, recibir información sobre sus resultados y poder retirarse. Los antiguos detenidos que aporten una experiencia sostenida deberían ser remunerados en las mismas condiciones que otros expertos. Sobre todo, las instituciones deberían poder mostrar qué cambió como resultado de la participación.

También debe mantenerse clara la frontera con la gobernanza penitenciaria informal. La participación se refiere a la voz, el conocimiento y la influencia; no debe implicar control sobre la disciplina, el acceso a los derechos, la asignación de servicios esenciales o el uso de la fuerza. El Estado sigue siendo plenamente responsable de la gestión penitenciaria y de proteger a todas las personas bajo su custodia.

Conclusión

La prevención depende de detectar los riesgos antes de que se conviertan en violaciones. Las personas que viven la detención suelen ver esos riesgos primero, pero los sistemas preventivos tienden a involucrarlas solo después de que los expertos hayan decidido qué examinar. Pasar del testimonio a la participación no resolvería todas las deficiencias de las políticas de detención, ni eliminaría la necesidad de una supervisión independiente, recursos adecuados o rendición de cuentas por parte del Estado. Sin embargo, mejoraría la calidad de cada uno de estos elementos.

«Nada sobre la detención sin las personas detenidas» debería entenderse, por tanto, no como un lema de autogobierno institucional, sino como un principio para una mejor prevención: las personas más afectadas por la detención deberían disponer de medios seguros y significativos para contribuir a configurar las políticas, los programas y los métodos de monitoreo destinados a proteger su dignidad.