Derechos reproductivos en la nueva constitución de Chile: lecciones a partir del litigio de los anticonceptivos defectuosos

by | Jun 10, 2022

author profile picture

About Estefanny Molina and Javiera Canales

Estefanny Molina is a Senior Attorney at Women's Link Worldwide. Javiera Canales is the Executive Director of Corporación Miles Chile.

En el tercer trimestre de 2020, Miles Chile identificó más de 200 casos de mujeres que habían recibido anticonceptivos defectuosos en el sistema de salud pública del país y quedaron embarazadas. La organización interpuso demandas civiles para obtener reparaciones a nivel nacional. Dado que la resolución de los casos puede tardar en promedio una década, el sistema judicial falló al no responder a las necesidades urgentes de las mujeres afectadas, la mayoría de las cuales procedían de entornos socioeconómicos desfavorecidos. Muchas se vieron obligadas a ser madres de forma inesperada, lo que tuvo consecuencias perjudiciales para su salud física y mental -incluidas depresión y angustia-, así como para sus proyectos de vida, pues varias de ellas no pudieron continuar con sus estudios o mantener sus empleos. A las mujeres que solicitaron la interrupción del embarazo también se les denegó el procedimiento alegando que sus casos no se ajustaban a las excepciones establecidas: riesgo mortal para la mujer, imposibilidad del feto para sobrevivir tras el nacimiento o casos de violación o incesto.

Paralelamente, Women’s Link Worldwide y Miles Chile trabajamos en una estrategia legal internacional. A través de una acción urgente, le solicitamos a diferentes mecanismos especiales de Naciones Unidas que le exigieran a Chile reparar a las mujeres, ejercer controles estrictos sobre la producción y distribución de anticonceptivos, y garantizar información oportuna y precisa sobre los servicios de salud sexual y reproductiva para todas las mujeres.

Como resultado, tres mecanismos especiales de Naciones Unidas le solicitaron conjuntamente a Chile, entre otras medidas, adelantar un estricto control de calidad para asegurar la eficacia de los anticonceptivos; ampliar el marco legal para el acceso a los servicios de aborto en el país, especialmente en los casos relacionados con la negligencia estatal; y levantar la prohibición para difundir información sobre el acceso a la interrupción del embarazo, incluida en el artículo 119 quáter de la ley de aborto en Chile (Ley 21.030). Los mecanismos especiales de las Naciones Unidas también le solicitaron al gobierno chileno proveer ayuda económica a todas las mujeres que en este caso tuvieron que asumir una maternidad no planeada.

Estas recomendaciones constituyen un estándar para la protección de los derechos sexuales y reproductivos en Chile. Como se establece expresamente en las comunicaciones enviadas por los mecanismos especiales, el Estado tiene ahora varios deberes que cumplir. En primer lugar, debe proporcionar una reparación adecuada a las más de 200 mujeres afectadas por el consumo de anticonceptivos defectuosos, y asegurar la no repetición de casos como éste. En segundo lugar, debe asegurar el acceso, sin barreras, de todas las mujeres chilenas a toda la gama de servicios de salud sexual y reproductiva que puedan necesitar durante su vida. Esto incluye, pero no se limita a, anticonceptivos de calidad, salud materna segura y servicios seguros de aborto.

La comunicación de los mecanismos especiales es también una herramienta fundamental para la incidencia en un momento político clave. Actualmente el país se encuentra en el proceso de redacción de una nueva constitución que ha tenido un punto de quiebre para las defensoras de los derechos de la mujer en Chile. La Convención Constitucional aprobó recientemente un artículo sobre derechos sexuales y reproductivos, lo que significa que, por ahora, estos derechos están establecidos en el proyecto de la nueva Constitución. El proyecto aún debe ser aprobado por la ciudadanía, por lo cual es necesario seguir abogando por ellos. Las defensoras de los derechos de las mujeres pueden seguir utilizando los estándares legales establecidos en la comunicación de los mecanismos especiales en el caso de los anticonceptivos defectuosos para demostrar la importancia de mantener una protección constitucional de estos derechos.

En el caso de que efectivamente se aprueben los derechos sexuales y reproductivos en el proyecto final de la Constitución, los estándares legales establecidos en la comunicación de los mecanismos especiales seguirán siendo útiles para ayudar a impulsar que los derechos sexuales y reproductivos se ejerzan en la práctica, así como para fortalecer el necesario diálogo entre los estándares internacionales de derechos humanos y las normas nacionales. La comunicación no sólo refuerza las obligaciones internacionales del Estado en materia de acceso a los servicios de salud reproductiva, sino que también señala específicamente los aspectos de la legislación chilena que con frecuencia se traducen en barreras para el disfrute efectivo de los derechos reproductivos, en particular en lo que respecta al acceso al aborto. 

En ese sentido, los estándares contenidos en la comunicación de los mecanismos especiales pueden servir para que las normas nacionales no sigan imponiendo barreras a las mujeres que intentan acceder a la salud reproductiva y, por tanto, para hacer efectiva la disposición constitucional sobre derechos sexuales y reproductivos.

El caso de los anticonceptivos defectuosos en Chile muestra las graves consecuencias que la negligencia del Estado en materia de derechos sexuales y reproductivos puede tener para las mujeres. Pero también es una oportunidad para asegurar que estos derechos queden consagrados en la nueva Constitución, para explicar a la ciudadanía y al gobierno la importancia de dicha protección constitucional y, eventualmente, para presionar para que la disposición constitucional se haga efectiva en la práctica. Así es como Chile puede evitar que se produzcan situaciones similares en el futuro.

Share this:

0 Comments

Submit a Comment

Related Content