En marzo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó la Resolución 1/26, que proporciona a los Estados de las Américas cincuenta recomendaciones para abordar el crimen organizado. La premisa central de la resolución es simple pero significativa: las políticas de seguridad efectivas son compatibles con, e incluso se ven fortalecidas por, el respeto de las obligaciones en materia de derechos humanos. En una región con las tasas de homicidio más altas del mundo y una influencia cada vez mayor de grupos criminales, la CIDH desafía la narrativa persistente según la cual la inseguridad solo puede abordarse mediante la militarización o la restricción de derechos. El impacto de la resolución dependerá en última instancia de cómo los Estados respondan en la práctica y de cómo académicos y organizaciones definan qué se entiende por políticas de seguridad “efectivas”.

Crimen organizado en las Américas

En el continente americano, el crimen organizado opera a través de diversas actividades, muchas de ellas con un componente transnacional, incluyendo el tráfico de droga, la minería ilegal y la trata de personas. Los grupos criminales no solo logran infiltrarse en el Estado o actuar con la complicidad de funcionarios públicos, sino que, en algunos contextos, ejercen control territorial. Estas dinámicas afectan la protección y el ejercicio de los derechos humanos de la población, en particular derechos económicos y sociales reconocidos por el Protocolo de San Salvador, como el derecho al trabajo (Artículo 6) y a la educación (Artículo 13), así como derechos civiles y políticos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida (Artículo 4) y la libertad de expresión (Artículo 13).

En Reyes Mantilla y otros vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sostuvo que “los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, y que, por consiguiente, deben emplear los medios necesarios para luchar contra los fenómenos de delincuencia, narcotráfico y criminalidad organizada” [párrafo 137], sujetos a las limitaciones impuestas por las obligaciones en materia de derechos humanos. Bajo distintas modalidades e intensidades, los gobiernos de la región han recurrido cada vez más a estados de emergencia, militarización y detenciones a gran escala para hacer frente a los grupos criminales, medidas que, a su vez, suelen constituir o derivar en violaciones de derechos humanos.

La resolución

La resolución de la CIDH es relevante porque afirma con claridad que las políticas de seguridad efectivas son compatibles con los derechos humanos. La Comisión busca sostener que es posible desmantelar a las organizaciones criminales a la vez que se respeta el debido proceso, las libertades individuales y la dignidad humana. Incluso va más allá al señalar que un enfoque basado en derechos humanos “constituye una condición indispensable para la legitimidad, eficacia y sostenibilidad de las políticas de seguridad” [página 1].

Para respaldar lo que plantea, la CIDH desarrolla cincuenta recomendaciones, entre ellas el fortalecimiento de las capacidades judiciales y de las fiscalías (22 y 27), la limitación del uso de los estados de emergencia (43-44), el combate a la corrupción y la impunidad (36-37) y la recuperación de activos ilícitos (30). Estas medidas reflejan un entendimiento del crimen organizado como un fenómeno estructural y policéntrico, más allá de un enfoque restringido al ámbito penal, al tiempo que reconocen la necesidad de una acción estatal urgente.

La Comisión también resalta el impacto diferenciado del crimen organizado sobre grupos vulnerables, retomando su trabajo previo sobre niñez, mujeres, personas LGBT y defensores de derechos humanos. Esto es significativo ya que llama a los gobiernos a diseñar e implementar respuestas que aborden las formas específicas en que estos grupos experimentan tanto la violencia criminal como las políticas estatales.

Limitaciones y el futuro

Es importante señalar algunas limitaciones. En primer lugar, la resolución de la CIDH no es vinculante y forma parte del soft law del sistema interamericano. El Artículo 41(b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos faculta a la Comisión a formular recomendaciones que dependen de la voluntad de los Estados de implementarlas.

En segundo lugar, parecería haber una cuestión irresuelta en torno a qué constituye una política de seguridad “efectiva”, en particular cuando reducciones de la violencia en el corto plazo tienen como contrapartida una erosión institucional en el largo plazo. En la parte considerativa, la CIDH critica enfoques basados en el control coercitivo que “ha[n] resultado en el incremento de manera desproporcionada de la población carcelaria sin lograr una reducción efectiva de los índices delictivos” [página 8], citando como fuente un artículo académico de 2008. Este tipo de políticas debe ser cuestionado cuando deriva en violaciones de derechos humanos, pero sus efectos no deberían ser sobreestimados ni generalizados, en particular a la luz de debates actuales en contextos como los de El Salvador, donde existen informes creíbles de mejoras en la situación de seguridad, acompañados de serias preocupaciones sobre su sostenibilidad y su impacto a largo plazo en el Estado de derecho y las instituciones democráticas.

Estas limitaciones no opacan la importancia del documento. La resolución fortalece el rol de la CIDH en la configuración de estándares regionales en un contexto de alta inseguridad y creciente presión por respuestas efectivas en el continente. Asimismo, pone de relieve que, sin importar la ideología política, el diseño de políticas de seguridad compatibles con los derechos humanos constituye un desafío compartido en la región.

La resolución es un paso importante, aunque no el primero ni el último, hacia la consolidación de un enfoque de derechos humanos para abordar el crimen organizado. Su impacto dependerá en última instancia de que los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad académica la tomen en serio y continúen desarrollándola.