El 21 de agosto de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó sentencia  sobre excepciones preliminares en Chirinos Salamanca y otros vs. Venezuela, que luego se hizo pública el 26 de agosto. El  caso Chirinos Salamanca se refiere a la tortura y privación ilegal de la libertad de 14 policías y es el primero ante la Corte IDH sobre violaciones de derechos humanos posteriores a 2013 en Venezuela. La cuestión clave era si Venezuela sigue obligada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) tras su denuncia del tratado en 2013 por parte del gobierno de Nicolás Maduro y el instrumento de readhesión de 2019 depositado por el gobierno interino de Juan Guaidó. La Corte sostuvo que Venezuela continúa obligada por la Convención y sujeta a su jurisdicción, señalando en su sentencia que “la Convención Americana sobre Derechos Humanos se encuentra vigente en Venezuela”.

La disputa se encuentra en la intersección del artículo 78 de la CADH y las reglas de consentimiento estatal a los tratados en virtud de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT). El párrafo 1 del artículo 78 permite la denuncia de la Convención con un año de antelación, después de lo cual se extinguirá la obligación. En septiembre de 2012, Hugo Chávez anunció la retirada de Venezuela, que se hizo efectiva en septiembre de 2013. Posteriormente, el gobierno de Maduro insistió en que Venezuela ya no estaba sujeta a la jurisdicción de la Corte IDH. Sin embargo, en julio de 2019, el gobierno interino de Guaidó depositó un instrumento de adhesión ante la Organización de Estados Americanos (OEA), que pretendía restaurar la membresía de Venezuela en la Convención y su aceptación de la jurisdicción de la Corte en virtud  del artículo 62. Por lo tanto, la excepción preliminar en Chirinos Salamanca requería que la Corte decidiera si estos actos concurrentes —la denuncia de Maduro y la adhesión de Guaidó— tenían efecto legal vinculante.

Artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que un Estado no puede invocar el derecho interno para invalidar su consentimiento en obligarse por un tratado a menos que la violación de las normas internas sea “manifiesta” y se refiera a normas de importancia fundamental. El razonamiento de la Corte reflejó este principio, ya que consideró que el instrumento de readhesión de Guaidó era formalmente válido en el plano internacional porque fue depositado en poder del Secretario General de la OEA, quien lo aceptó sin reservas. Este razonamiento se hace eco de la jurisprudencia anterior de la Corte IDH, como Opinión Consultiva OC-26/20, donde la Corte subrayó que la denuncia de la CADH no puede socavar la eficacia de la protección de los derechos humanos ni privar a las personas de las garantías ya garantizadas por el tratado.

Las tensiones de liderazgo interno crearon una dificultad más profunda para la aplicación legal internacional: Maduro ejercía un control de facto sobre el Estado venezolano, mientras que Guaidó reclamaba legitimidad en virtud de los artículos 233 y 333 de la Constitución venezolana y era reconocido por numerosos Estados. La Corte evitó tomar una posición sobre qué demandante representaba a Venezuela, eludiendo así el problema tradicional de reconocimiento con el  que el derecho internacional ha luchado durante mucho tiempo. En cambio, se basó en el  principio pro persona, también conocido como cláusula de favorabilidad, consagrado en el artículo 29 de la CADH, que requiere interpretar el tratado de la manera más efectiva que proteja los derechos individuales. Al priorizar la protección de los derechos humanos sobre el reconocimiento político, la Corte neutralizó efectivamente el dilema de interpretación legal para este caso.

Aplicando retroactivamente los principios jurídicos internacionales, la Corte determinó que Venezuela seguía obligada por la Convención y sujeta a su jurisdicción de supervisión a pesar de la controvertida condición de sus gobiernos. Invocando el artículo 7(2)(a) de la CVDT, la Corte sostuvo que, “de conformidad con el derecho internacional positivo, el Presidente ‘Interino’, que fue designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, estaba facultado para celebrar tratados con los Estados que le otorgaron reconocimiento, incluidos los tratados multilaterales… como en el caso de la OEA”. El artículo 7, apartado 2, letra a), establece que se considera que los Jefes de Estado, los Jefes de Gobierno y los Ministros de Relaciones Exteriores representan a su Estado en virtud de sus funciones, sin necesidad de presentar plenos poderes cuando realicen actos relacionados con la celebración de un tratado. Además, la conclusión de la Corte también es consistente con la naturaleza colectiva de la CADH. El artículo 1 obliga a los Estados partes a respetar y garantizar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción, y  el artículo 62 establece la jurisdicción obligatoria de la Corte. La Corte IDH ha sostenido reiteradamente que los Estados no pueden disminuir unilateralmente sus obligaciones de manera que priven a las personas de la protección de sus derechos, como se ha visto en casos como Ivcher Bronstein vs. Perú y Gelman vs. Uruguay.

Las implicaciones del fallo son de gran alcance. En primer lugar, refuerza la doctrina de que los tratados de derechos humanos difieren de los tratados recíprocos ordinarios y no pueden ser terminados o suspendidos de manera que frustren su objeto y propósito protector. En segundo lugar, ilustra un enfoque pragmático de las disputas de reconocimiento: en lugar de decidir qué gobierno es legítimo, la Corte ancló su razonamiento en la continuidad de las obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

Sin embargo, este enfoque también plantea la pregunta más profunda: ¿debería confundirse la aplicación de los tratados de derechos humanos con el reconocimiento de los gobiernos? Al tratar la adhesión de Guaidó como efectiva porque preservaba la protección de los derechos, la Corte corría el riesgo de difuminar la línea entre las decisiones de reconocimiento, normalmente reservadas para los estados y los órganos políticos, y el razonamiento legal internacional. Una posible consecuencia es que los tribunales pueden parecer que confieren legitimidad indirectamente, incluso cuando insisten en que no se pronuncian sobre el reconocimiento. Otro riesgo es que los Estados que se enfrentan a gobiernos en disputa puedan explotar esta doctrina, invocando la continuidad del tratado de forma selectiva para promover reclamaciones políticas.

Aún así, la decisión de Chirinos Salamanca afirma que Venezuela sigue siendo responsable bajo la CADH y sujeta a la jurisdicción de la Corte. Al basar su razonamiento en el carácter especial de los tratados de derechos humanos, la Corte salvaguardó la continuidad del “compromiso con el pleno respeto y garantía de los derechos humanos” en Venezuela a pesar de la profunda inestabilidad política. Esto es particularmente severo dado que Venezuela ha sufrido durante mucho tiempo abusos contra los derechos humanos, intensificados por la dictadura de Maduro.

El fallo subraya una lección clave para el derecho internacional de los derechos humanos y otros Estados: las obligaciones perduran incluso cuando la autoridad estatal está fragmentada, y la protección de las personas no puede ser rehén de disputas sobre la legitimidad gubernamental.